Como caótico calificó la Contraloría General de la República el manejo administrativo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec,  al culminar una auditoría que permitió encontrar hallazgos por $47.399 millones de pesos y al final de la cual se reprobó la gestión y los resultados presentados por la entidad respecto a la vigencia fiscal 2015.

“La Uspec no cumplió con las acciones que tiene a cargo como responsable principal de la ejecución de los recursos destinados a la atención de la población penitenciaria y carcelaria del país”, señaló el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

En la auditoría a la USPEC se establecieron 72 hallazgos administrativos, de los cuales 24 tienen presunto alcance disciplinario, 3 presunta connotación penal y otros 3 posible alcance fiscal.

“El Estado Inconstitucional de Cosas en materia carcelaria no se encuentra superado, por cuanto las inversiones realizadas no han podido generar las condiciones mínimas para que se cumplan los objetivos del sistema penitenciario y la metas que la Uspec debía ejecutar no fueron materializadas, encontrando la Contraloría que la crisis humanitaria que vive el sistema se ha agudizado por cuanto el nivel de hacinamiento ha aumentado”, manifestó la entidad de control. 

Deficiencias contractuales

La Contraloría encontró serias deficiencias en materia de ejecución de contratos de obra pública, dirigidos a la creación de nuevos cupos, que impiden el recibo oportuno del objeto de las inversiones.

Maya Villazón ordenó una Actuación Especial de Fiscalización, debido a las graves deficiencias en la estructuración y ejecución de algunos de los contratos en especial los relacionados con la construcción de Establecimientos Penitenciarios en Buga, Tuluá, Girón, Espinal, Ipiales e Ibagué, programados para la generación de 4.080 cupos.

Además ha sido lenta la implementación del nuevo sistema de salud. La Contraloría determinó que desde el inicio del año 2016 y con corte a abril 30, los internos de alto costo tales como los que padecen VIH, tuberculosis, renales, hepatitis, cáncer entre otros, no habían recibido asistencia médica ni medicamentos, lo cual agrava su situación clínica.

Otras irregularidades detectadas por la CGR fue el de la alimentación y la ampliación de establecimientos carcelarios, en uno de los contratos se desembolsaron la totalidad de los recursos y en ninguno de los componentes se ha iniciado obra de forma significativa.